El Gobierno británico va a pisar el acelerador para endurecer las medidas contra las descargas ilegales en la Red, que contemplan la posibilidad de cortar la conexión a quienes se bajen ilegalmente música y películas. Las autoridades se habían marcado 2012 como fecha tope, pero el fenómeno ha adquirido tal dimensión que ha llevado al Gobierno a actuar con urgencia. Casi 7 millones de personas intercambian de forma habitual contenidos de Internet saltándose el copyright.
El proceso será el siguiente: el organismo regulador de los medios (Ofcom) se encargará de instar a las compañías proveedoras de Internet a que introduzcan "medidas técnicas" destinadas a contrarrestar la piratería. Su consecuencia inmediata será el envío de una carta al usuario advirtiéndole de que se ha detectado una irregularidad. De persistir éste en su empeño, se cortará la conexión, pero en ningún caso se prohibirá al usuario acceder a los servicios públicos básicos.
La batalla se presenta difícil, porque la legislación no allana el camino para privar a los usuarios del acceso a la Red y exige demostrar en cada caso que se ha producido una violación de los derechos de autor. Todo el proyecto depende, además, de la actitud de los proveedores de Internet, que consideran que la amenaza de suspender la conexión de sus clientes supone una "respuesta desproporcionada" a la piratería, con un gran coste económico.
La legislación sobre las descargas es un campo de batalla en muchos países. Francia aprobó en julio una ley que incluye multas de entre 1.500 y 3.750 euros. En España, el Gobierno quiso que las operadoras y la industria cultural negociaran una solución de consenso. Pero tras meses de conversaciones, Redtel, representante de las compañías de acceso a Internet, rompió las negociaciones. La pelota volvió al Ejecutivo. Ni el Ministerio de Cultura ni el de Industria han dado ningún paso.
Todo puede depender, no obstante, de la postura que adopte la UE. El Parlamento rechazó la reforma del sector de las telecomunicaciones al no aceptar la norma que proponía dejar en manos de los Estados la decisión de permitir o no sin control judicial previo, el cortar la conexión a Internet. Ahora el Parlamento debe negociar con los Gobiernos de los 27 una solución de consenso para que vuelva a ser votada, algo que no se prevé hasta diciembre.
